¿Sabe realmente Obama, le preocupa acaso, quién sigue en Guantánamo?

admin, 17 junio 2010, Sin comentarios
Categorías: Mundo
Etiquetas:

Por: Andy Worthington

Se suponía que el recién publicado Informe Final del Grupo de Trabajo para el Estudio de la situación en Guantánamo del Presidente Obama tenía que aportar un análisis convincente y definitivo sobre el estatuto de los 181 prisioneros que aún permanecen en esa prisión, teniendo en cuenta que “a los más de 60 profesionales de carrera, incluyendo analistas de inteligencia, fiscales y agentes del orden implicados llegados desde el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigación y otras agencias de la comunidad de inteligencia” les ha llevado once meses completar dicho Informe.
Sin embargo, lamentablemente, el resultado final –aunque válido en muchos sentidos- también ha revelado cautela institucional y credulidad respecto a las contribuciones de los servicios de inteligencia, incapacidad para abordar con la legislación los problemas esenciales que sirvieron para que se autorizaran las políticas de detención del Presidente Bush, así como buena disposición para doblegarse ante las demandas de la conveniencia política.

¿Por qué teníamos grandes esperanzas cuando Obama llegó al poder?

Cuando Obama ocupó su cargo prometiendo cerrar Guantánamo en el plazo de un año, parecía posible que antes que transcurrieran doce meses la administración empezaría a procesar en los tribunales federales a alrededor de tres docenas de los prisioneros que quedaban y que liberaría al resto.

Esta idea no era tan extravagante como podría parecer a simple vista. Con el pasar de los años, los informes de inteligencia indicaban que la cifra de prisioneros relacionados de modo significativo con al-Qaida u otros grupos terroristas internacionales era de entre 38 y 50. Como expliqué en un artículo en 2008:

    De los 749 detenidos que hubo en la prisión durante sus primeros dos años y medio de existencia, ninguno, según docenas fuentes de inteligencia y militares de alto rango entrevistados por el New York Times en junio de 2004, “tenía rango de dirigente o alto operativo de al-Qaida” y “sólo un relativo puñado –algunos señalan la cifra de alrededor de una docena, otros de más de dos docenas- eran miembros implacables de al-Qaida o se ocupaban como militantes de elucidar los trabajos internos de la organización”.
    Diez detenidos importantes, según se dijo, llegaron a Guantánamo desde prisiones secretas [vía Bagram] de la CIA en septiembre de 2004 y otros catorce “detenidos de alto valor”… llegaron en septiembre de 2006, pero estas apariciones –que en sí mismas revelaban la existencia de prisiones secretas que eran incluso menos controlables que Guantánamo- fueron apenas suficientes para convencer a nadie, excepto al más ferviente e incondicional de los seguidores, de que el experimento, totalmente extralegal, merecía la pena.

A éstos se añadieron dos “detenidos más de alto valor”, a los que hicieron volar hasta Guantánamo desde prisiones secretas en 2007 y 2008 (junto con otros prisioneros de menor importancia), esto significa que, del total de 779 prisioneros, sólo alrededor del 5% parecían “lo peor de lo peor”, como eran regular y persistentemente calificados por la administración Bush, y yo confiaba en que Obama reconocería esto y lo utilizaría para repeler las predecibles críticas republicanas.

Además, en cuanto a la liberación de prisioneros, aquellos de nosotros que en enero de 2009 confiábamos para bien, nos dimos cuenta de que las juntas militares de revisión del Presidente Bush habían aprobado ya la liberación (o traslado) de 59 prisioneros, pero que aún no estaban liberados porque tuvo que dejar la presidencia en ese momento. En consecuencia, confiábamos en que en los primeros meses de la presidencia de Obama se liberaría a docenas de prisioneros

Éramos optimistas incluso a la hora de pensar que iba a encontrarse una solución viable para las docenas de prisioneros cuya repatriación era impensable porque corrían el riesgo de que les torturaran en sus países de origen –entre ellos Argelia, China, Libia, Siria, Tunez y Uzbekistán-, o porque, como ocurría con un puñado de palestinos, eran esencialmente refugiados sin patria. Cuando vimos toda la buena voluntad que había por todo el mundo hacia el Presidente Obama, creímos que sería relativamente fácil asegurar la ayuda de otros países para acoger a esos hombres y hasta pensamos que EEUU daría el primer paso ofreciendo a algunos de los hombres un nuevo hogar en su zona continental.

Los uigures eran los candidatos con más posibilidades de reasentamiento en EEUU. El grupo de uigures está constituido por musulmanes de la oprimida provincia china de Xinjiang, a quienes los campesinos pakistaníes habían vendido a los soldados estadounidenses tras huir de un destartalado asentamiento en las montañas afganas, donde habían acabado después de intentar sin éxito viajar a Turquía en busca de empleo, o porque alimentaron inútiles esperanzas de poder levantarse contra el gobierno chino. Desde el momento en que pasaron a custodia estadounidense, resultó obvio para casi todo el mundo que no tenían conexión alguna ni con al-Qaida ni con los talibanes y, en octubre de 2008, fueron los primeros hombres en conseguir sus peticiones de habeas corpus después de que el Tribunal Supremo dictaminara tres meses antes que los prisioneros de Guantánamo tenían constitucionalmente derecho al habeas corpus.

De cómo se desvanecieron nuestras esperanzas

Sin embargo, finalmente, aunque el grupo de trabajo recomendó que se sometiera a juicio a 36 de los prisioneros (completamente dentro del ámbito de las estimaciones ofrecidas por la inteligencia) y aprobó que se liberara a 126 (de los 240 prisioneros cuyos casos estudiaron), sus miembros mostraron también cautela, credulidad, confusión y la asunción de la conveniencia política que mencioné al principio de este artículo.

El ejemplo más inquietante de cautela y credulidad fue lo que el grupo de trabajo llamó “la disposición” de otros 48 prisioneros, quienes, en su opinión, deberían seguir indefinidamente detenidos porque “no es factible procesarlos ni en un tribunal federal ni en una comisión militar”. Los miembros del grupo no perdieron la ironía –esa detención indefinida fue lo que estableció exactamente el Presidente Bush en primer lugar-, ya que intentaron sofocar las críticas de la siguiente forma:

    Los obstáculos principales al enjuiciamiento en los casos considerados inviables por el grupo de trabajo no estaban motivados por la preocupación de proteger fuentes sensibles o métodos que no se pudieran revelar, ni porque pensaran que las pruebas contra los detenidos estuvieran falseadas. Aunque esas preocupaciones estaban presentes en algunos de los casos, se consideraba que la mayoría de los detenidos no podían ser enjuiciados en base a pruebas más esenciales y limitaciones jurisdiccionales ligadas a los requerimientos de un foro criminal.

Según el grupo de trabajo, esas “pruebas fundamentales y limitaciones jurisdiccionales” estaban relacionadas con las circunstancias de la captura de los prisioneros y los problemas percibidos al procesarles en los tribunales federales o en las comisiones militares.

Los problemas con las pruebas

En cuanto al primer punto, el grupo de trabajo explicó que, debido a que “el objetivo en el momento de su captura era reunir información de inteligencia y eliminarles del combate, no se les sometió a investigaciones criminales formales y que las pruebas no se reunían ni preservaban pensando en procesarles”. Esto hizo que las circunstancias de su captura –en gran medida en manos de los aliados pakistaníes y afganos del ejército estadounidense en un momento en que estaban muy generalizados los pagos por botín- parecieran menos caóticas de lo que realmente fueron y también se ocultó la clase de trato, o maltrato, a que fueron sometidos durante “la recogida de información de inteligencia”.

Con esto en mente, no resulta más tranquilizador leer la evaluación del grupo de trabajo sobre la calidad de los informes utilizados por los servicios de inteligencia para establecer la importancia de esos 48 prisioneros. El grupo de trabajo trató de explicar que “la inteligencia sobre esos hombres podía ser precisa y fiable”, pero que “por diversas razones, no puede ser prueba admisible o suficiente para satisfacer una carga criminal de prueba en una comisión militar o en tribunal federal”.

No se explicaron esas “diversas razones”, pero leyendo entre líneas lo que esta declaración, bastante suave aunque condicional, muestra con el uso destacado que hace de la palabra “puede” es que la inteligencia invocada como prueba no podría probablemente enfrentarse a ningún tipo de control genuinamente objetivo, y las razones de esto se revelan inadvertidamente en la línea final del párrafo relativo a las “limitaciones de las pruebas”.

“Un problema común”, escribió el grupo de trabajo, “es que, para muchos de los detenidos, no hay testigos disponibles que puedan testificar en su contra en cualquier acción legal”. Aquí, la utilización de la disponibilidad de los testigos es una especie de cortina de humo, que trata de ocultar una verdad contundente: que la inteligencia y cualquier testigo del que se pudiera disponer, están contaminados por las circunstancias bajo las que tuvo lugar “la recogida de inteligencia”: los interrogatorios coercitivos y, en algunos casos, la tortura a los mismos prisioneros o a sus compañeros en prisión.

Con 50 fallos ya emitidos en el Tribunal de Distrito en Washington DC, sobre las peticiones de habeas corpus de los prisioneros (36 de las cuales fueron ganadas por los prisioneros), los jueces han subrayado una y otra vez esos problemas, con una objetividad que sin embargo eludió el grupo de trabajo, como por ejemplo en los casos de Fouad al-Rabiah, un kuwaití al que el Presidente Bush llevó a juicio ante una comisión militar, que fue liberado después que un juez dictaminara que todo el caso contra él se basaba en una falsa narrativa conseguida mediante torturas y amenazas. Y, por citar dos ejemplos más, Alla Ali Bin Ali Ahmed, un yemení atrapado en un albergue estudiantil en Pakistán, y Mohammed El-Gharani, un nacional del Chad, que sólo tenía catorce años cuando fue secuestrado en un asalto contra una mezquita en Pakistán. En ambos casos, fueron liberados después de que los jueces fallaran que los testigos presentados por el gobierno –los compañeros prisioneros de los hombres- eran irremediablemente poco fiables y que cuando no se les sometió a violencia, al menos se les sobornó para que hicieran declaraciones falsas.

Es por tanto, bastante poco honrado que el grupo de trabajo afirmara que el “obstáculo principal para enjuiciar” a esos 48 hombres “no procedía típicamente de… la preocupación porque las pruebas contra el detenido[s] estuvieran contaminadas”, cuando, para ser sinceros, las actas están repletas de ejemplos que prueban lo contrario.

Además, un estudio de algunos de los casos para los que el grupo de trabajo consideraba que era conveniente la detención indefinida resulta aún más alarmante. Aunque el grupo de trabajo identificó aproximadamente a un 10% de los prisioneros (24 en total) como “dirigentes, operativos y facilitadores implicados en complots terroristas contra objetivos estadounidenses” (incluyendo a seis de los catorce “detenidos de alto valor” trasladados a Guantánamo desde prisiones secretas de la CIA en septiembre de 2006), el 20% identificado como “Otros con papeles organizativos importantes dentro de al-Qaida u organizaciones terroristas asociadas” (48 prisioneros en total), entre los que se incluían “los individuos responsables de supervisar o proporcionar apoyo logístico para las operaciones de entrenamiento de al-Qaida en Afganistán; facilitadores que ayudaron a mover dinero y personal para al-Qaida; un grupo de guardaespaldas de Osama bin Laden, que mantenían una posición única de confianza dentro de al-Qaida; y operativos bien entrenados por los dirigentes de al-Qaida para futuras operaciones terroristas”.

La inclusión más preocupante aquí es la del “grupo” de guardaespaldas de al-Qaida por razones desde hace mucho evidentes. Los hombres en cuestión, identificados en Guantánamo como los “Treinta Sucios”, son treinta hombres capturados cuando intentaban cruzar la frontera desde Afganistán a Pakistán en diciembre de 2001 y, aunque algunos tenían implicaciones con al-Qaida y habían estado combatiendo a las fuerzas estadounidenses (o, para ser más exactos, a sus apoderados afganos) en las montañas de Tora Bora, esas acusaciones de ser guardaespaldas se presentaron por vez primera en 2006 en virtud de las falsas aseveraciones hechas por Mohammed al-Qahtani, el hombre que se hizo tristemente célebre como víctima de tortura.

Además en un reciente caso de habeas corpus, se reveló que similares acusaciones sin base se habían producido en los casos de otros dos prisioneros mantenidos en prisiones secretas antes de entregarlos en Bagram, donde se les extrajeron las confesiones. En los casos de estos dos hombres, Sharqwi Abdu Ali al-Hajj y Sanad Islam Ali al-Kazimi, el juez Henry H. Kennedy Jr. anuló sus declaraciones porque, como explicó: “Hay pruebas irrefutables en las actas de que ambos hombres acababan de ser torturados en el momento de los interrogatorios en que hicieron tales declaraciones”.

Es igualmente significativo que las falsas acusaciones se dirigieran contra Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman, supuestamente uno de los Treinta Sucios, a quien el Juez Kennedy concedió su petición de habeas corpus el 24 de febrero de este año (un mes después de que se publicara el informe del grupo de trabajo). En su inclasificable opinión, el Juez Kennedy dictaminó que el gobierno había fracasado, en base a la preponderancia de la prueba, al establecer que Uthman “recibía y ejecutaba órdenes de al-Qaida”.

Los problemas de retener combatientes en Guantánamo

Más allá de los problemas con las pruebas, el grupo de trabajo identificó también “limitaciones jurisdiccionales”. Estas se producían, por ejemplo, cuando se habían aparentemente establecido los vínculos de un prisionero con al-Qaida –por “haber estado en un campo de entrenamiento”, o “por jugar algún papel en la jerarquía de la organización”-, pero “el grupo de trabajo no encontraba ninguna prueba de que el detenido hubiera participado en un complot terrorista específico”.

A pesar del hecho de que “se utilizaron los estatutos federales para condenar por apoyo material a personas que simplemente habían proporcionado algún tipo de servicio a una organización terrorista”, el grupo de trabajo se embridó a esta opción, temiendo que los estatutos impidieran que se presentaran cargos sobre actividades anteriores a los ataques del 11-S, preocupándose por las limitaciones de ocho años contenidas en el estatuto para esos delitos y preocupándose también de que la sentencia máxima por tal apoyo material -quince años- no fuera suficientemente punitiva.

Sin embargo, en estas discusiones se perdía un problema adicional planteado durante las resoluciones de las peticiones de habeas de los prisioneros; es decir, que la mayoría de los prisioneros que han perdido sus peticiones de habeas corpus y que podrían tener que enfrentarse a esas acusaciones de apoyo material son, típicamente, reclutas talibanes de bajo rango que se vieron implicados, de una forma u otra, en el conflicto de los talibanes con la Alianza del Norte antes de los ataques del 11-S, y que de forma clara no tenían nada que ver ni con al-Qaida ni con el terrorismo internacional, más allá, quizá, de haber escuchado una arenga de Osama bin Laden para levantar la moral en un campo de entrenamiento.

En lugar de debatir sólo las dos opciones –juicio o detención indefinida-, el grupo de trabajo, en mi opinión, debería haber sugerido una tercera opción: retener a los hombres como prisioneros de guerra, protegidos por los Convenios de Ginebra y no bajo el peligrosamente único tipo de prisionero cuya detención se justifica en virtud de la Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés). El Congreso aprobó el documento fundacional de la “Guerra contra el Terror” justo unos días antes de los ataques del 11-S, la AUMF autorizó –y aún autoriza- al presidente “a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron, se comprometieron o colaboraron en los ataques terroristas acaecidos el 11 de septiembre de 2001” (o contra quienes les hubieran acogido).

El Tribunal Supremo aprobó en 2004 el encarcelamiento de los hombres detenidos en función de la AUMF, en Hamdi v. Rumsfeld se afirmaba que “el Congreso ha autorizado clara e inequívocamente la detención” de individuos contemplados por la AUMF, y es esta combinación de factores la que utiliza Obama, al igual que hizo Bush, para justificar el encarcelamiento de los prisioneros de Guantánamo.

Sin embargo, como los casos de habeas han demostrado –y los problemas del grupo de trabajo refuerzan-, todo lo que se ha creado para la mayoría de los hombres retenidos en Guantánamo es una alternativa a los Convenios de Ginebra (que, fundamentalmente, autorizan las detenciones hasta el fin de las hostilidades), que involucra a todos los implicados en enredos legales y, además, sólo proporciona argumentos a quienes mantienen que Guantánamo está lleno de terroristas, cuando la verdad es que queda muy claro que sólo contiene a una pequeña proporción de terroristas y a una cifra mucho mayor de combatientes.

Los problemas con la conveniencia política

El problema último del informe alimento un problema más grande para la administración relacionado, como he mencionado con anterioridad, con los peligros de la conveniencia política. Al analizar los casos de los 97 yemeníes en Guantánamo durante el curso del informe, el grupo de trabajo aconsejó que se procesara a cinco de ellos y que a veintiséis se les retuviera indefinidamente, aprobando la liberación de los 66 restantes. A siete de esos hombres se les liberó el año pasado, pero Obama se doblegó a las presiones políticas y detuvo en enero el resto de liberaciones hacia el Yemen, justo semanas antes de que se publicara el informe, en respuesta a la oleada de histeria con que se recibió el descubrimiento de que Umar Faruk Abdulmutallab, el fallido suicida-bomba del Día de Navidad de nacionalidad nigeriana, se había entrenado en el Yemen.

El grupo de trabajo había ya agrupado a 30 de los 66 absueltos en una categoría propia, al “representar una amenaza menor que la del grupo de detenidos calificados para continuar detenidos en función de la AUMF”, y había recomendado que “no se trasladaran al Yemen en un futuro cercano” y que “se les retuviera en detención ‘condicional’ –otra novedad- hasta que “la situación de la seguridad mejore”.

Sin embargo, tras la “moratoria de traslados” al Yemen del presidente, el grupo de trabajo se manifestó unánimemente de acuerdo con la decisión del presidente, a pesar del hecho de que no había razón para suponer que los yemeníes detenidos desde hace ocho años en Guantánamo tuvieran –o pudieran tener- conexión alguna con la reciente aparición de una rama de al-Qaida en el Yemen, en la que al parecer había implicados un puñado de ex prisioneros saudíes (no yemeníes), cuya liberación en 2006 y en 2007 fue además autorizada por el Presidente Bush, a pesar de los consejos de los servicios de inteligencia.

Lamentablemente, este ejemplo de conveniencia política es sólo uno de los muchos ofrecidos por parte de la administración Obama a lo largo año pasado que han hecho que se evaporaran las muchas esperanzas que muchos de nosotros albergábamos en enero de 2009. Otros ejemplos incluirían el veto de Obama al plan del consejero de la Casa Blanca Greg Craig de la pasada primavera para llevar a algunos uigures a vivir a Estados Unidos, su decisión de reactivar el vilipendiado sistema de juicios de las comisiones militares (que suspendió en su primer día en el cargo) y su apoyo a la detención indefinida sin acusación o juicio, que anunció en un importante discurso sobre seguridad nacional el pasado mes de mayo, cuando la mayor parte de las cartas de George W. Bush, que Obama había quitado de la mesa, se recuperaron de nuevo.

En conclusión, el Informe Final del Grupo de Trabajo para el Estudio de Guantánamo no es un desastre total pero sus equivocadas interpretaciones y omisiones son profundamente inquietantes e indican que sigue siendo considerablemente difícil cerrar Guantánamo, mucho más de lo que debería haber sido. Esto representa una muy triste noticia para los que allí continúan, se les considere o no importantes, que siguen aún esperando, después de casi ocho años y medio, que se les aplique por fin algo parecido a la justicia.

Share

Comentarios

Deje un Comentario:

Nombre *

Correo (oculto) *

Sitio Web